El proyecto, aprobado esta semana en la Cámara Baja y que ahora pasará al Senado, facilita el trabajo de los equipos municipales de seguridad y fiscalización, otorgándoles nuevas facultades para controlar el uso irregular del espacio público y aumentar las sanciones para quienes incumplan la normativa vigente.
“Agradecemos a la Cámara de Diputados la aprobación de esta Ley que nos permitirá tener más facultades para el control del comercio ambulante. Es un paso muy importante para las ciudades que, como Concepción, enfrentan a diario este problema, que afecta la seguridad, el orden y el desarrollo del comercio establecido. Solicitamos ahora celeridad al Senado para su aprobación definitiva y marco presupuestario, de manera que los municipios podamos actuar con las herramientas y recursos necesarios”.
La autoridad comunal recordó que el municipio en el último año ha realizado más de 80 operativos, cursando cerca de 300 infracciones y decomizando más de 20 toneladas de productos. Además de una serie de procedimientos de fiscalización con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, para recuperar el orden en el espacio público y apoyar a los locatarios formales del centro penquista.
Asimismo, el jefe comunal reiteró su llamado a la ciudadanía a no comprar en el comercio ambulante informal, enfatizando los riesgos asociados a esta práctica:
“Reiteramos el llamado a la comunidad a no usar el comercio ambulante informal. Muchos de estos productos, especialmente los alimentos, no cuentan con control sanitario ni garantías de inocuidad. Además, existen malas prácticas en el rubro, como la evasión de impuestos o el uso indebido del espacio público. Por eso, es fundamental preferir siempre el comercio establecido, que cumple las normas y genera empleo seguro.”
Desde el municipio penquista señalaron que seguirán trabajando coordinadamente con las policías y los servicios públicos para reforzar el orden y la seguridad en el centro de la ciudad, y que este nuevo marco legal permitirá actuar con mayor eficacia y respaldo jurídico frente a un problema que afecta tanto a los comerciantes como a los vecinos.
